Instalar chips en videoconsolas para ampliar sus utilidades no es delito

Hace apenas un año, la Policía Local irrumpió en el establecimiento que regenta Restituto Clemente. Los agentes se llevaron un buen número de chips multisistema y un centenar de consolas pendientes de reparación. Al día siguiente la Policía «vendió» aquella operación con alaracas. Había logrado desmantelar -dijo- una red de piratería.
Empezó entonces el viacrucis judicial para este valenciano, que regenta el establecimiento «Chipspain», dedicado a la venta de accesorios de videojuegos y reparación y modificación de videoconsolas.
Detrás de la intervención policial estaban Adese (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento), Sony, Planeta Agostini, Proein, Infograme y Acclaim. Querían que fuera juzgado por un delito contra la propiedad intelectual. Decían que los dispositivos que Restituto Clemente vendía en su tienda y que le fueron incautados -chips y software- estaban destinados a desproteger programas, a suprimir las protecciones de los juegos.
La Audiencia Provincial de Valencia dice que eso no es delito si esos dispositivos, además de utilizar juegos no originales, permiten mejorar las prestaciones de la videoconsola desde la que realizar operaciones completamente legales. «Los chips que se instalan en las videoconsolas de autos pueden servir, desde luego, como dispositivo tendente a desprotegerlas para permitir utilizar juegos no originales, pero también para permitir la ejecución de juegos originales de otras zonas y para convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar múltiples tareas absolutamente lícitas, como pueda ser el manejo de fotografías, ejecutar juegos de libre distribución no diseñados para consola o escuchar música», argumenta el auto de la Sección Quinta.
El juzgado lo archivó
No era la primera vez que la Justicia se pronunciaba en este sentido. En enero, el juzgado que instruye el caso, el número 8 de la capital, decidió archivar las diligencias por considerar que los hechos no eran constitutivos de delito. Los denunciantes recurrieron y el caso llegó a la Audiencia Provincial, que resuelve ahora en el mismo sentido.
Para que fuera delito, arguye el auto, los dispositivos que Restituto Clemente vende e instala en su tienda tendrían que ir dedicados «en exclusiva» a la «supresión o neutralización de dispositivos de protección de las consolas». Y no era el caso.
Restituto Clemente estaba ayer «muy contento» y con ganas de dejar atrás un año negro. «En la tienda tenía cinco consolas para modificar y unas 95 para reparar. Se llevaron todo y me dejaron al descubierto frente a 100 clientes. A algunos les he tenido que indemnizar». Otros se solidarizaron y prefirieron esperar.
«El comprador de un automóvil puede modificarlo a su antojo, poniéndole los alerones y tapacubos que pretenda, por antiestéticos que sean, mientras no perjudiquen la seguridad. Del mismo modo, el comprador de un dispositivo electrónico puede mejorar su máquina como desee (...), ¿Qué tienen de especial las consolas Sony Play Station que no tengan los coches, las lavadoras o los ordenadores portátiles?», se pregunta su letrado, Carlos Sánchez Almeida. «Un lobby de mercaderes de propiedad intelectual interesados en mantener un mercado de consumidores aborrado», responde.
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